El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aseguró este domingo que se mantendrá vigilante para que el Gobierno y los legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no procuren promover una segunda ley para crear una agencia de investigaciones e inteligencia estatal que viole derechos fundamentales de los ciudadanos.
El miembro del Comité Político y secretario jurídico del PLD, José Dantés Díaz, saludó la decisión del Tribunal Constitucional de declarar no conforme con la Carta Magna la Ley 1-24 que creaba la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).
Dantés Díaz dijo que si bien es cierto, “tal y como lo determinó el TC”, con la Ley 1-24 se violó el procedimiento constitucional establecido para la tramitación y aprobación de las leyes orgánicas, el Congreso Nacional confundió “adrede su naturaleza bajo el matiz de una ley ordinaria”.
“Dicha ley vulneraba de manera grosera el derecho fundamental a la intimidad, a la no injerencia arbitraria o abusiva de la vida privada de los dominicanos, así como el derecho a la libertad de expresión e información”, indicó el dirigente peledeísta.
Recordó que en su artículo 11 establecía que la DNI podía requerir a los organismos del Estado, instituciones privadas y personas de derecho público y privado, físicas o jurídicas— todas las informaciones que entendiera pertinentes, sin necesidad de mayores exigencias, sin orden judicial “y, lo que es peor, sin ni siquiera hacer referencia a que se trataban de informaciones necesarias y pertinentes para las investigaciones que llevaran a cabo los organismos investigativos”.
Entiende que esa disposición “suponía una violación absoluta a la libertad de prensa” porque a la previsión constitucional del secreto profesional y la libertad de conciencia del periodista, “esa disposición resultaba ser tan absolutamente abierta, vaga y ambigua que, al concebirse una prerrogativa sin ningún tipo de matiz, se llevaba de encuentro el secreto de la información y el secreto de las fuentes” de los periodistas.
El secretario jurídico del PLD subrayo que la anulada ley violaba el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; acápite 3 de la Declaración de Chapultepec, adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre la Libertad de Expresión y suscrita por la República Dominicana el 23 de octubre del 2020; y, acápites 5 y 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Ese monumento a la arbitrariedad y al abuso que significó la ley promovida por el gobierno del PRM, abría las puertas a cuantas transgresiones al derecho a la intimidad pudieran producirse”, añadió.
En un comunicado de prensa Dantés atribuyó a la imprecisión de la ley a que se interpretara, inclusive, que la Presidencia de la República podía solicitar datos que bien pudiesen tratarse de informaciones encriptadas en mensajerías electrónicas, por ejemplo y, al no especificarse, daba pie al ejercicio irrazonable y arbitrario de una facultad de esa naturaleza.
“Una norma legal que obliga a todos los ciudadanos en nuestro país a entregar los datos que se encuentren en su poder, sin la previsión de procedimiento alguno para el ejercicio de esa facultad; es, en fin, una regulación absolutamente imprecisa que restringe irrazonablemente el derecho fundamental a la intimidad”, concluyó el secretario jurídico del partido morado.
Fuente: Diario Libre
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